Los problemas más habituales no suelen ser “jurídicos”, sino de gestión: notificaciones que no se revisan a tiempo, documentación incompleta, escritos presentados fuera de plazo o incidencias con la sede judicial electrónica. Un seguimiento profesional reduce estos riesgos porque prioriza el control de comunicaciones, la preparación de escritos con antelación y la verificación de cada presentación para que llegue correctamente al juzgado.
